Revista physis 20 indd



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afectadas por el empleo de estos agrotóxicos, y numerosas organizaciones de 

la sociedad civil, así como distintos movimientos sociales vienen denunciando 

sistemáticamente las dramáticas consecuencias, que incluyen la desforestación, 

el desalojo de poblaciones rurales e indígenas, y en particular para lo que nos 

interesa a los efectos de este artículo, el daño a la salud de las poblaciones y la 

contaminación de suelo, agua, tierra y aire. 

La actividad de fumigación con agrotóxicos no se realiza en ausencia de 

marcos institucionales y jurídicos que establecen garantías a la salud y al ambiente 

de los habitantes. Existen normativas establecidas a través de las Constituciones 

Nacional y Provincial, Ley Nacional de Ambiente, Leyes Provinciales de 

Ambiente y de Agrotóxicos, que sin embargo no se actualizan. Tras décadas de 

reforma neoliberal del estado bajo los principios de achicamiento, privatización, 

descentralización, las instituciones encargadas del control y del poder de policía 

han sido desmanteladas. Sumado esto al déficit de la representación política en el 

sistema formal de autoridad, llevó a la ciudadanía a una situación de abandono 

y desprotección de sus derechos, un hacerse cargo individual y colectivamente 

de sus situaciones, a asumir la transferencia de responsabilidades públicas como 

autorresponsabilización. En el escenario del desmontaje del estado bienestarista, 

las responsabilidades por la salud se delegan en los individuos, exprimiendo su 

autonomía y agencia (ORTEGA, 2004).

Cabe señalar también que en las situaciones de conflicto ambiental en nuestro 

país en los últimos años, el estado actúa “positivamente” generando condiciones 

para explotaciones de diversa índole: se otorgan créditos y exenciones impositivas, 

se realizan planes de promoción, se construye infraestructura pública para la 

producción y circulación de las mercancías, etc. Paralelamente el estado actúa por 

omisión respecto a la generación de condiciones para la realización de ciudadanía. 

El concepto de ley incluye el de un poder de policía que imponga su cumplimiento 

(para el caso, policías que impidan la fumigación). El cuidado de la salud pública 

no dispone de infraestructura (hospitales, dispensarios) ni procedimientos 

administrativos, ni protocolos de intervención profesional para casos de las 

enfermedades y malformaciones, plaguicidas en la sangre de niños, etc. El estado 

no ofrece garantías, es decir, no instituye acciones destinadas a sostener de modo 

permanente los derechos reconocidos constitucionalmente. La omisión se presenta 

así como un dispositivo de despojamiento de identidad ciudadana, entendiendo la 

misma como el derecho a tener derechos (CARRIZO; BERGER, 2009). 




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Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro

20 [ 1 ]: 119-143, 2010

Otro aspecto contextual que nos interesa poner de relieve para el análisis de 

ejercicio y defensa de derechos ambientales, es la configuración de las prácticas 

políticas a partir del acontecimiento del 19 y 20 de diciembre de 2001 en 

Argentina. El mismo marca la crisis política e institucional del estado democrático 

de derecho, y que se expresa en una multitud de experiencias de deliberación 

pública y horizontal en asambleas vecinales, fábricas ocupadas y gestionadas por 

sus trabajadores, redes de trueque, movimientos de trabajadores desocupados, y 

otras más en las que se juega el ejercicio de la autonomía política frente a una clase 

dirigente desacreditada e instituciones vaciadas de sentido, al punto de llegar a 

hacer caer el gobierno constitucional de Fernando de la Rúa. 

Frente a la transferencia ilimitada de responsabilidades públicas a sectores de 

la sociedad, y las consecuencias del desmantelamiento neoliberal del estado, la 

ciudadanía se autoorganiza en autodefensa. En esta situación, la diversidad de 

expresiones políticas han tenido distintas orientaciones, desde la invocación y 

revocatoria de la institucionalidad del estado democrático de derecho, sostiene 

lo que tiene de público la política en un contexto de crisis de efectividad y 

legitimidad del sistema político, en tanto garante de los derechos y principios 

de política instituidos en la Constitución y las leyes. (CARRIZO; BERGER, 

2009). En ese sentido las Madres de Barrio Ituzaingó se inscriben también en 

este acontecimiento político, según relatan:

Empezamos como cualquier ciudadano que sabe que tiene derecho a pedir al gobier-

no, [...] que estaban violando los derechos. Uno empieza como se empezó en la Plaza 

de Mayo el 20 de diciembre de 2001; la gente sabía que tenía que salir a la calle a 

reclamar y pasó eso... Había algo que estaba mal...

En el caso de las Madres, el ejercicio del derecho comienza a fines del año 2001, 

con la petición a las autoridades para esclarecer las causas de la contaminación 

y sus efectos en la salud de la población entre lo que se encuentran derrames de 

PCB de los transformadores de energía eléctrica, residuos industriales de fábricas 

automotrices, y principalmente la fumigación de los campos de soja aledaños 

a las viviendas con agrotóxicos, de forma ilegal, ya que se violan los requisitos 

establecidos por ley para dicha actividad. 

La ineficacia de las instituciones y organizaciones públicas, lleva a este colectivo 

de mujeres a conformar una red de perjudicados sobre la base de su experiencia 

común. La acción del grupo de Madres de Barrio Ituzaingó, los vecinos del 

barrio y una red de actores comprometidos instala el tema públicamente, dirige el 



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